Quienes trabajamos en la intervención social sostenemos, cada día, el sufrimiento, la vulnerabilidad y la urgencia de otras personas.

Lo hacemos con vocación, con formación y con un compromiso que rara vez se refleja en nuestras condiciones laborales. Y lo hacemos, en la inmensa mayoría de los casos, sin un espacio donde poner en común lo que esa carga nos produce.

Esto no es una percepción aislada. Es lo que muestran los datos.

Constatamos, a partir de una encuesta propia a 382 profesionales del sector:

• El 65,2% hace horas extra de forma habitual, y el 55,8% considera que su carga de trabajo no es proporcional a su jornada.

• El 64,1% ha estado de baja por ansiedad, estrés o burnout, y la mayoría ha vivido esa baja con miedo y culpa, no con la tranquilidad que debería acompañar a cualquier proceso de salud.

• El 89% considera que, en general, no se da importancia al cuidado de los profesionales en este sector.

• Solo un 22,5% recuerda que se le haya hablado con claridad de los riesgos psicosociales asociados a su trabajo, pese a que el 81,4% es consciente de que existen.

• Entre quienes respondieron abiertamente, una idea se repite una y otra vez, con distintas palabras: el cuidado no puede depender de la voluntad individual de cada profesional — es responsabilidad de quien la emplea.

Y el tiempo apremia: en 2027 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales refuerza de forma expresa la obligación de evaluar los riesgos psicosociales. Lo que hoy pedimos como reivindicación, en menos de un año será, además, una obligación legal reforzada.

Por eso reivindicamos:

1. Que la supervisión profesional externa deje de ser una excepción o un privilegio de quien puede pagársela, y se reconozca como lo que es: una medida de prevención de riesgos psicosociales.

2. Que esa medida sea financiada por las organizaciones —públicas y privadas— para las que trabajamos, y no por los bolsillos, ya precarios, de las profesionales.

3. Que los pliegos de licitación y los convenios con la administración incorporen la supervisión de equipos como partida presupuestaria explícita, no como un extra que cada entidad decide si asume.

4. Que se reconozca la fatiga por compasión y el desgaste propio de la Intervención social como riesgos laborales específicos, con la misma seriedad con la que se evalúan los riesgos físicos o ergonómicos.

No pedimos un favor.

Pedimos que se cumpla lo que la ley ya reconoce como derecho, y que se entienda de una vez que una profesional cuidada interviene mejor, sostiene mejor y se queda más tiempo en un sector que no puede  permitirse seguir perdiendo a su gente.

Adhiérete a este manifiesto si crees que cuidar a quien cuida no es un lujo, sino una obligación de quien te emplea:

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• Firma el manifiesto aquí: aleresocial.com/manifiesto

                                                                                 Madrid, a 1 de septiembre de 2026.

                                                                                                   Alere Social